“Debemos saber que la recomendación es una forma políticamente correcta de decir que no es una prioridad cuando de institucionalidad pública hablamos, porque más allá de las buenas intenciones, el Estado hace todo aquello que la ley le permite u obliga, y mientras eso no ocurra en materia de compras, seguiremos teniendo el foco exclusivo en eficiencia, desaprovechando una oportunidad única para movernos en la dirección correcta”
Para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, se requiere también que la mentalidad pública avance hacia una transformación sustantiva de su quehacer.
El Estado es el mayor comprador en la economía nacional si consideramos la suma de todas las reparticiones públicas, desde ministerios, fuerzas armadas, universidades estatales hasta municipalidades. Según datos de ChileCompra, en 2021 los 850 organismos públicos transaron un total USD$15 mil millones, un 12,5% más que en 2020, sin incluir a las empresas estatales.
Debido a su evidente importancia, es necesario preguntarse ¿cuáles son los principios que rigen la ejecución de las compras públicas? La respuesta es simple: eficiencia, probidad y transparencia. El primero, es la búsqueda del mejor precio disponible en el mercado, mientras que los otros dos buscan generar igualdad de condiciones a los diversos oferentes y resguardar que los tomadores de decisión pública no se beneficien directa o indirectamente con las transacciones.
Sin duda, nadie podría discutir la relevancia de estos principios considerando que son los recursos de los chilenos y chilenas los que están en juego. Sin embargo, son insuficientes cuando situamos las compras públicas en el contexto de la lucha contra el cambio climático, del cual el presente gobierno acaba de promulgar su ley marco.
Al ser un actor con un poder de compra importante, el Estado tiene la posibilidad única de mover a la cadena de proveedores, compuestas por productores locales e importadores, a ofrecer productos que desde su diseño sean social y ambientalmente responsable, impulsando la transición desde un modelo lineal de producción hacia uno que sea más sustentable y circular.
Si bien se han generado manuales de eficiencia energética y medioambiental (2008), lineamientos estratégicos en torno a sustentabilidad en la Política de Compras Socialmente Responsable (2012) o el Programa Nacional de Consumo y Producción Sustentables del Ministerio del Medioambiente (2014-2016), que buscó incluir criterios ambientales y sociales en las compras públicas, estos han quedado solo a nivel de recomendaciones y discrecionalidad de los organismos respectivos.
Debemos saber que la recomendación es una forma políticamente correcta de decir que no es una prioridad cuando de institucionalidad pública hablamos, porque más allá de las buenas intenciones, el Estado hace todo aquello que la ley le permite u obliga, y mientras eso no ocurra en materia de compras, seguiremos teniendo el foco exclusivo en eficiencia, desaprovechando una oportunidad única para movernos en la dirección correcta.
Las exigencias y esfuerzos que se están realizando a nivel del sector privado, como son la implementación de la Ley de responsabilidad extendida del productor (Ley REP), deben ser complementadas por una institucionalidad pública que avance en el uso de energías de base renovable, compra de productos carbono neutrales y cero desechos, entre otras, porque el desafío es sistémico.
Debemos comprender que, para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, se requiere también que la mentalidad pública avance hacia una transformación sustantiva de su quehacer, donde la sustentabilidad y circularidad posean el mismo estatus que la probidad, transparencia y la eficiencia. Porque, ante todo, la caridad debe comenzar por casa.
ANDREÉ HENRÍQUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE ECONOMÍA CIRCULAR